Comunicación digital desde la Comuna 13
Julio 27

Víctimas esperan encontrar a sus familiares en Escombrera

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Antes de la media noche, Katyka escribe en su muro de facebook: Dios, dame valor y fuerzas para afrontar lo que viene mañana. La joven vive en uno de los once barrios de la Comuna 13 y su padre, Édgar López, está desaparecido. En pocas horas (en la mañana del lunes 27 de julio de 2015) se comenzarán a mover toneladas de tierra y desechos que, durante años, han crecido la montaña de la llamada Escombrera. Serán cinco meses de búsqueda en el polígono 1 donde la Fiscalía se enfrentará a la exhumación más compleja jamás realizada en cualquier fosa del país.

De muchos papás, tantos hermanos, bastantes tíos y estudiantes de colegio de esta comuna de Medellín, se desconoce su paradero desde el año 2002: cuando Álvaro Uribe entonces presidente ordenó a la Fuerza Pública la operación militar más grande y fuerte a nivel urbano en la historia de Colombia. Mariscal, Orión, Fuego, Contra Fuego, Antorcha, Libertad, fueron los nombres de cada operativo que – según confesó alias Don Berna- se realizaron en coordinación de tres organizaciones: la IV Brigada, la Policía Metropolitana y el Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas. Según declaraciones de la comunidad, los “paras” ingresaron con los uniformados de la Fuerza Pública señalándoles a los supuestos auxiliadores de la guerrilla en 2002. Luego, con la hegemonía paramilitar las prácticas de ajusticiamiento de ese grupo ilegal de extrema derecha llevaron a la desaparición de un número aún sin calcular de inocentes. La indiferencia del Estado a la fecha ha sido tal, que no se conoce siquiera una cifra oficial acerca de cuántas personas habrían sido desaparecidas en la Comuna 13 entre 2002 y 2005.

Un estudio al respecto contratado a la Universidad de Antioquia por el Programa de Atención a Víctimas aún se desconoce. Recientemente, Jorge Mejía, consejero para la Reconciliación – funcionario de la Alcaldía de Medellín, ha dicho que en la Escombrera que empezará a removerse este lunes se supone que hay entre 80 y 90 personas. Según las Mujeres Caminando por la Verdad (ong de familiares de los desaparecidos) en la escombrera contigua habría unos 300 hombres y mujeres bajo miles de metros cúbicos de tierra que todavía no logran detener. En este segundo lote aún continúan con la actividad comercial de cubrir la montaña de escombros.

En la otra escombrera (sector La Arenera) es donde se trazó el polígono 1 y se logró la primera conquista tras trece largos años de lucha. ¿Porqué ahora? Gracias a declaraciones de ex paramilitares que confesaron que -como lo denuncia la población civil desde hace más de diez años- efectivamente las autodefensas sacaban a las personas de sus casas, o de los buses o colectivos para esa zona despoblada para asesinarlos y luego desmembrarlos y enterrarlos.

Durante trece años, las víctimas, junto a la Corporación Jurídica Libertad y la Obra Social Madre Laura, así como diversas ongs y defensores de Derechos Humanos de Medellín, han reclamado al Estado para que exija a las empresas públicas y privadas que arrojan basuras en esa zona que dejen la actividad comercial, y se comience a buscar los cuerpos. Lamentablemente, solo hasta que los victimarios tomaron la palabra se ha dado crédito a la versión de las víctimas. Juan Carlos Villas Alias “Móvil 8″ le contó a la Fiscalía que él y sus compañeros, además, en ocasiones obligaban a la víctima a cavar su propia tumba antes de dispararle un tiro de gracia. Móvil 8 señaló tres puntos en la Escombrera de La Arenera que empieza a excavarse este lunes.

Édgar López, el papá de la joven que desahoga su angustia pidiéndole a un Dios que no le da respuestas desde hace una década, podría estar allí. Y aunque la muchacha y su familia saben que no será fácil encontrar “la aguja en un pajar” como lo aseguraron técnicos forenses de Argentina, Guatemala y Perú que visitaron la zona en 2010, la acción judicial que comienza hoy es la única esperanza que han tenido de encontrar a sus familiares. Es el caso de Luz Elena, de Margarita, de Alejandra, de Blanca y de más de un centenar de mujeres que -tan solo con su voz y su coraje- han resistido pacíficamente durante 13 años exigiendo al Estado colombiano y a los ilegales que les devuelvan a sus esposos, hermanos, padres; que les digan qué les pasó, dónde están, que los busquen, que los encuentren, que los devuelvan.

Lo que pasa este lunes es, dicen ellas, una gota de esperanza en un mar de impunidad. Además de los sueños nocturnos donde sus desaparecidos habitan con ropas coloridas para decirles que ya están muertos y enterrados entre lodo, las primeras paleadas de este lunes es lo más cerca que han estado de encontrar a sus familiares. El primer plazo para la Fiscalía son cinco meses. Si no encuentran nada, o si encuentran aunque sea un cuerpo, el pedido es que sigan buscando, que no paren; y que, al fin, cierren también la Escombrera contigua. “Es como si no les doliera, es como una falta de respeto”, dice una de las mujeres sobre los dueños de la compañía privada que se niega a realizar exhumaciones en sus terrenos. “Es como si fueran cómplices de toda esta barbarie”, dice otra de las mujeres que, después de amenazas y tenerse que desplazar de la Comuna 13 por alzar su voz en contra de la impunidad, pide que no se divulguen sus nombres.

Con un teclado como refugio, Kata le escribe a su padre:”Siempre tuve mi fe en que algún día te encontraría y te abrazaría muy fuerte, y te diría cuanto te amo, de llenarte de besos y no volverte a soltar jamás en mi vida… No borro de mi mente tu adiós con tu triste mirada cuanto te esperaba en aquel lugar y donde fue que te vi por última vez (…) No quiero encontrarte en ese estado (…) Yo sin poder hacer nada (..) Te amo.. Allí te estaré esperando mi gordito”.

Bajo el manto de la oración que el jesuita Javier Giraldo presidirá para dar inicio a las excavaciones, Kata, Alejandra, Blanca, Luz Elena, encontrarán su fe y unirán esa esperanza de roble que las ha mantenido en pie desde 2002. Ellas piden, además de los forenses puedan hallar a sus familiares aunque sea en restos óseos, la solidaridad y el acompañamiento de “los vivos, que sientan nuestro dolor, que no nos dejen sola, porque son momentos muy duros”.


El Comité de Impulso de Acciones de Memoria invita a acompañar:
7am. Acción de Memoria en La Alpujarra
10am. Transmisión del Acto de Memoria y palabras de las mujeres desde La Escombrera en www.morada.co/radio

Julio 08

Radio

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Julio 04

Persecución a líder de mesa de ddhh

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Pasadas las nueve de la noche de ayer, al salir del entrenamiento de su escuela de fútbol Tejiendo Talentos en el barrio El Salado, el líder de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 13 de Medellín fue atacado por un par de policías. También resultaron víctimas de la agresión policial otro profesor de la escuela  y tres niños que minutos antes estaban entrenando.

James Zuluaga le contó a Cuenta La 13 que -mientras uno de los uniformados se encontraba consumiendo sustancias alucinógenas, le exigió que detuviera su marcha en la motocicleta que se transportaba y le exigió entregarle los documentos de la misma. Zuluaga se negó, dado que en ocasiones anteriores le han robado los documentos en circunstancias iguales. Entonces el policía molesto procedió a rociarlo con gas pimiento causando lesiones en sus ojos y piel del rostro y el cuello. Al instante, el profesor que se encontraba con James Zuluaga reclamó frente a lo cual también recibió más agresiones con gas. Tres menores de edad que se desplazaban con los profesores con preocupación pidieron  a la Fuerza Pública detener el abuso y de igual forma fueron atacados.

Los cuatro heridos fueron llevados a la unidad hospitalaria de San Javier, y hoy se recuperan de las mismas. Zuluaga, quien ya realizó la declaración ante las autoridades pertinentes, denuncia que este no es el primer ataque del que es objeto por parte de la policía en la Comuna 13. En días anteriores también fue agredido y hostigado para entregar los papeles de su motocicleta. Para James y la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna, todo ello tiene que ver con su trabajo en defensa de la comunidad, y su abierto coraje para denunciar los atropellos de la Fuerza Pública.

A menudo, se escucha que tanto Policía como Ejército agreden no solo defensores de derechos humanos, sino hombres jóvenes en general estigmatizándolos, así como mujeres a quienes realizan comentarios sexuales sintiéndose impunes por sus uniformes, y también a artistas y trabajadores honestos que transitan por las calles de su barrio a quienes, sin fundamento, detienen para requisar y acusar de pertenecer a combos ilegales. Así mismo, aunque están prohibidas, continúan realizando las llamadas “batidas” en los barrios de la Comuna 13 donde “reclutan” ilegalmente y se llevan por la fuerza los hombres jóvenes que transitan por el territorio y no han definido su situación militar.  Son comunes, además, las requisas constantes en las afueras de la estación del Metro San Javier.

 

 

 

Junio 20

Se buscarán cuerpos en La Escombrera

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Columna Los muertos hablan

Por: Ana Cristina Restrepo

Ana Cristina Restrepo

En la ladera occidental de Medellín, en un sitio conocido como “La escombrera”, yacen los cuerpos de muchas personas desaparecidas. Cálculos cruzados de varias instituciones del Estado estiman que la cifra oscila entre 80 y 90 muertos.

Según organismos no gubernamentales, son más de 300.

En menos de diez días, se clavará la primera pala en ese cementerio otrora clandestino. Una excavación sin precedentes en la historia judicial colombiana.

Después de una década de incertidumbre para las familias de las víctimas, por fin fue autorizada la búsqueda y posterior exhumación de los cadáveres. “La escombrera” ocupa 70 hectáreas, de las cuales solo 15 funcionan como depósito de basura (por ahora, no serán auscultadas). Testimonios de desmovilizados que están en la cárcel han revelado las coordenadas de cuatro puntos, transformados en tres polígonos, donde se concentrarán las excavaciones. La exploración del primer polígono implicará la remoción de 24 mil metros cúbicos de tierra.

En años anteriores, la Fiscalía había encontrado 14 cuerpos en 34 intervenciones de magnitud menor.

¿Cuál es la historia detrás de semejante barbarie?

El 16 y 17 de octubre de 2002, cuando Luis Pérez (actual candidato a la Gobernación de Antioquia) era alcalde de Medellín, se autorizó la Operación Orión en el marco de la política de seguridad democrática del entonces presidente, Álvaro Uribe. Informes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz revelan que altos mandos de las fuerzas militares y policiales, como los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, ordenaron a paramilitares al mando de Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, incursionar en la Comuna 13 para perseguir milicias urbanas.

Jorge Mejía, consejero para la convivencia, la reconciliación y la vida de la Alcaldía, dice que no necesariamente todos los desaparecidos de “La escombrera” son producto de la Operación Orión. Desde 1997, han variado las dinámicas de dominio territorial.

El proceso que se inicia en Medellín es parte de un ejercicio de verdad, justicia y reparación, que además de la exhumación, contempla la atención psicosocial de los familiares de las víctimas y la reconstrucción de memoria (museo Casa de la memoria). La identificación de restos humanos implicará erigir un mausoleo, a cargo del Ministerio del Interior.

Se estima que la exhumación se demorará cinco meses. “La escombrera” se convertirá en un campo de exploración forense con maquinaria de excavación y un equipo integrado por antropólogos, topógrafos, fotógrafos y expertos en criminalística.

Esta es una diligencia judicial, con un fiscal orientando la cadena de custodia. De ser hallados restos humanos, habrá implicaciones penales.

En “La escombrera” desenterrarán cuerpos y responsabilidades; institucionales, paramilitares, de milicias urbanas y particulares con actividades ilícitas en el territorio, con algún grado de complicidad.

El occidente del Valle de Aburrá esconde uno de los más grandes hitos de violencia local en las últimas décadas. Los responsables en altos niveles de la Operación Orión no han sido vinculados a investigación alguna. Sus beneficiarios siguen en la impunidad.

Que emanen las voces de ultratumba.

Tomado de:

http://www.elespectador.com/opinion/los-muertos-tienen-palabra

 

Junio 10

Hasta hoy podrán declarar víctimas del conflicto

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Hasta hoy el ministerio público recibe declaraciones de víctimas del conflicto armado en Colombia. La Unidad de Víctimas hizo unas excepciones de ampliación que podrá conocer en el boletín de prensa que reproducimos a continuación.

Conozca los plazos para declarar como víctima del conflicto armado

 

La Unidad para las Víctimas ha informado a la sociedad colombiana a través de diferentes canales sobre los plazos mencionados, especialmente gracias a la difusión en más de 400 emisoras comunitarias distribuidas en todo el territorio nacional.

 

Bogotá, 10 de junio de 2015. El 10 de junio de 2011 se sancionó la Ley 1448, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Desde ese momento quedó establecido un periodo de cuatro años para que quienes se consideren víctimas del conflicto armado interno y hayan sufrido el hecho victimizante antes de la aprobación de esta ley pueden presentar su solicitud para ser inscritos en el Registro Único de Víctimas.

 

Además, se determinó que las personas victimizadas en el marco del conflicto armado después de dicha fecha, tienen dos años para declarar a partir de la ocurrencia del hecho victimizante. Así que si usted es víctima de cualquier hecho violento y este ocurrió  el 10 de junio de 2011, o posteriormente, cuenta con dos años para presentar su declaración. Por ejemplo, durante el presente año las víctimas del Cauca o Buenaventura, Valle del Cauca, tienen plazo hasta el 2017 para inscribirse.

 

El trabajo que ha desarrollado la Unidad a través de la oficina de registro es titánico. Para el 1 de mayo de 2015, se han reconocido 7.392.679 de víctimas que el conflicto ha dejado históricamente, de las cuales, cerca de 5,8 millones son sujetos directos de atención en la actualidad. Según Registro, el 70% de las víctimas fueron registradas antes de la sanción de la Ley; y del 30% restante, el 90% se registraron entre 2011 y 2012. Estas cifras indican que la gran mayoría de las víctimas cuya afectación ocurrió antes de junio de 2011, ya estarían registradas.

 

Vale la pena destacar que la Unidad para las Víctimas ha informado a la sociedad colombiana a través de diferentes canales sobre los plazos mencionados, especialmente gracias a la difusión en más de 400 emisoras comunitarias distribuidas en todo el territorio nacional.

 

En qué casos se ampliaría el plazo para ingresar al registro

 

La Unidad para las Víctimas se ha involucrado en la elaboración de posibles propuestas de ampliación de plazos, entendiendo que no todos los hechos pueden ser declarados con la misma facilidad, y muchas veces es el tiempo el que hace que la víctima se dé cuenta que fue objeto de una vejación, tal y como ocurre con los  hechos que afectan la integridad sexual o con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

 

En los casos de violencia sexual o reclutamiento existe aún un gran interés de declaración por parte de las víctimas, por lo que se trabaja en reconstruir la confianza entre comunidades y Estado para que se hagan efectivas estas declaraciones y se ha planteado la ampliación por dos años del plazo.

 

De otro lado, a partir de una circular recientemente expedida por la Unidad se extendió por dos años (hasta 10 de junio de 2017) el plazo de registro para los connacionales víctimas que se encuentran en el exterior. Esta decisión se basó en que el proceso de implementación de la política pública para víctimas en el exterior inició con posterioridad a la aplicada en el territorio nacional, y que por lo mismo era necesario ofrecer condiciones de igualdad.

 

La Unidad para las Víctimas reitera su compromiso con los afectados por el conflicto armado y su acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación establecidas por la Ley 1448 de 2011, así como su disposición a informar la decisión que tome el Congreso respecto a la ampliación de los plazos para recibir declaraciones.

Junio 07

Policía agrade población LGBT en Comuna13

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Si así paso. El día 23 de mayo de 2015, un grupo de jóvenes y personas del barrio Antonio Nariño, entre ellos miembros de la mesa de diversidad LGBTI que participan de la MESA DE DDHH comuna 13; estas personas se encontraban en un espacio de diversión en una residencia ubicada en esta zona, aproximadamente siendo las 12 de la noche de ese día, miembros de la policía del cuadrante de San Michel de san Javier procedieron a intervenir dicho espacio haciendo el llamado de apagar el sonido y solicitando que estas personas abandonaran el sitio y se fueran para sus casas.

Como bien sabemos esta solicitud no es legitima ni legal pues estas personas se encontraban en un espacio privado (vivienda), inclusive en un sitio publico (calle, afuera de la vivienda). Aunque sabemos que esta norma de policial aplica unicamente para establecimientos abiertos al publico, no podemos aceptar que se extralimiten dichas funciones como ocurrió con esta población.
Al ver que ninguna persona procedio a dicha solicitud, llamaron refuerzos y comenzaron a hacer atropello físicos y verbales contra estas personas, pero la situación no termino ahí, ya que estos policiales comenzaron a retener ilegalmente a algunos jovenes, y se ensañaron violentamente contra la vivienda donde se refugiaron las personas se este ataque violento por parte de los policías. El saldo fue daños materiales a la vivienda, lesiones personales a algunos de estas personas que departían allí y amenazas directas contra esas mismas personas.
Finalmente la familia Vera, quienes eran los dueños de la vivienda y en cabeza del compañero Santiago velez vera, procedieron junto con el acompañamiento de la MESA DE DDHH COMUNA 13, a hacer las respectivas denuncias. Esta familia desde los hechos ocurridos en esa noche comenzó a recibir amenazas directas e indirectamente por pare de algunos policías, pues estas denuncias hoy estan siendo investigadas por los órganos de control.
Lo lamentable es que esta familia fue desplazada debido a los continuos avisos amenazantes por parte de algunos policías, y los jóvenes integrantes de la mesa de lgtbi, también. Están próximos a abandonar el barrio debido a que los están amenazando por haber denunciado.

Por esta razon, la MESA DDHH COMUNA 13, hace la denuncia publica y responsabiliza al estado colombiano en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional _ Policia Nacional, sobre la vida e integridad de estos jóvenes y peronas que que esta siendo amenazadas por estos hechos y especialmente a la familia Velez Vera, quienes ya se encuentran desplazados fuera de la comuna.

Seguimos viendo como nuestra policía delinquen y abusan de su poder, sometiendo a la población civil a ser víctimas del estado colombiano.

Att: Mesa de Derechos Humanos Comuna 13 de Medellín

A continuación reproducimos carta enviada a Policía.

Medellín 5 junio de 2015

Señores

Brigadier General Gerardo Acevedo Ossa

Comandante Policía Metropolitana Valle de Aburrá.

Teniente Coronel Alexander Collazos jefe de DDHH policía nacional

Mayor tino Guevara oficial de policía región 6

 

Dentro de las funciones de la policía nacional de Colombia se dice que ” la policía nacional prestara un servicio respetuoso, efectivo, y cercano al ciudadano que garanticé comunidades seguras, solidarias y en convivencia para que así se genere credibilidad, confianza, posicionamiento, respeto y apoyo a la comunidad” pero ademas la policía nacional se SUPONE que deberá proteger los derechos fundamentales tal y como esta contenido en la constitución política de nuestro querido pueblo colombiano. Y en pactos tratados, y convenciones internacionales de los DDHH suscritos y ratificados por Colombia, se supone u se cree que la actividad policial, esta regida por la constitución política, la ley y los DDHH. Pero todo lo antes mencionado, no fue lo que ocurrió en la noche y madrugada del 5 de junio de 2015, en la alpujarra.

Con un grupo de personas no superior a 30 personas, que se encontraban realizando una protesta totalmente pacífica la cual está totalmente permitida según los artículos 20 y 37 de nuestra reglada constitución política ., personalmente fui testigo de como el escuadrón anti disturbios del ESMAD , utilizo desmedidamente la fuerza y abusó de su autoridad en contra de estas personas entre las que se encontraban mujeres, menores de edad, jóvenes, ancianos, periodistas, transeúntes , un funcionario de DDHH de la personería de Medellín y tres miembros de la Mesa de DDHH del Valle de Aburrá entre ellos mi persona.

Impotencia, indignación, tristeza, dolor, sufrimiento, y incertidumbre. Fue lo que se sintió con juntamente, al ver como sus policías golpeaban con los pies, bastones de mandó, y escudos de protección a estas personas , pero ademas de mirar impotentemente, como estas personas que se encontraban sentadas en el piso y totalmente callados fueron rodeados por mas de 60 hombres del ESMAD y procedieron a agredirlos tirándoles gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento, patadas, golpes y agua con una tanqueta de la policía.

Permítanme manifestarles que nosotros fuera de tanbien haber sido agredidos físicamente por sus afectivos policiales sentimos vergüenza ajena por esa actitud grotesca y anti constitucional de quienes autorizaron ese operativo policial como de quienes lo ejecutaron , porque esas personas NO estaban haciendo ni generando disturbio alguno , solo hacían uso de un derecho constitucional y nosotros como defensores de DDHH y ciudadanos en ejercicio reconocidos por toda la institucionalidad y la ciudad de medellin y el país en general no nos merecemos la agresión de la que fuimos victimas mis compañeros carlos arcila , Alex morales y yo como uno de los coordinadores y vocero de la mesa de DDHH y del área carcelaria , la golpiza que recibió nuestro compañero ALEX MORALES fue totalmente injusta a pesar de que tenia un chaleco que lo identificaba como defensor y el maltrato del que fuimos victimas el compañero CARLOS ARCILA y mi persona es inconcebible y totalmente reprochable les hago como coordinador y vocero de la mesa de DDHH un llamado de atención al respeto por nuestro trabajo y un llamado de atención por el respeto de la comunidad y esperamos unas disculpas PUBLICAS por parte de la policía nacional cordialmente

JORGE ALBERTO CARMONA VELEZ

Coordinador y vocero de la Mesa de DDHH y el área carcelaria en Antioquia

 

Junio 04

Este 10 de junio vence plazo para reclamaciones de víctimas

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Comunicado de la Unidad de Víctimas

Víctimas afectadas por recientes sucesos en el marco del conflicto armado pueden seguir declarando

Ante algunas informaciones emitidas en las últimas horas, la Unidad para las Víctimas se permite aclarar que las personas victimizadas en el marco del conflicto armado por hechos sucedidos después de 2011 cuentan con un plazo de dos años a partir de la ocurrencia del hecho victimizante para presentar su declaración con el fin de ser incluidas en el Registro Único de Víctimas.

 

Bogotá, 03 de junio de 2015. La población víctima afectada por los recientes sucesos acaecidos en el marco del conflicto armado podrá seguir presentando sus solicitudes para ser incluida en el Registro Único de Víctimas. La Unidad para las Víctimas viene apoyando al Ministerio Público en la toma de declaraciones en el municipio, especialmente dadas las dificultades en el suministro eléctrico que han tenido lugar en los últimos días.

 

Casi cuatro años atrás, el Congreso de la República aprobó la Ley 1448 de 2011, conocida como ‘Ley de Víctimas y Restitución de Tierras’. En ella, se establece que quienes se consideren víctimas  del conflicto armado interno y hayan sufrido el hecho victimizante antes de la aprobación de esta ley pueden presentar su solicitud para ser inscritos en el Registro “en un término de cuatro años contados a partir de la fecha de sanción de la Ley de Víctimas”.

 

El aparato legislativo también determinó que las personas victimizadas en el marco del conflicto armado después del 10 de junio de 2011, fecha en que se sancionó la norma, tienen dos años para declarar a partir de la ocurrencia del hecho victimizante. Este caso aplica para las posibles víctimas causadas por el conflicto armado en Buenaventura (Valle del Cauca) u otros puntos del país durante la última semana.

 

Exhaustividad del Registro Único de Víctimas

 

Para el 1 de mayo de 2015, se había reconocido que el conflicto ha dejado históricamente 7.392.679 víctimas, de las que alrededor de 5,8 millones son sujetos de atención en la actualidad. Gracias al estudio del registro, se observa que el 70% de las víctimas son anteriores al año 2011. Del 30% restante, se aprecia que el 90% corresponden a los años 2011 y 2012. Por este motivo, la Unidad para las Víctimas considera que la gran mayoría de las víctimas ya han sido registradas. Incluso meses atrás la Unidad para las Víctimas había ampliado el plazo de declaración, con el fin de dar respuesta a las solicitudes que pudieran realizarse.

 

Por otro lado, a través de diferentes canales, la Unidad para las Víctimas informó a la sociedad colombiana sobre los plazos mencionados, especialmente gracias a la difusión en 400 emisoras comunitarias distribuidas en todo el territorio nacional.

 

La toma de declaración, la puerta al registro

 

La toma de declaraciones para solicitar la inclusión en el Registro Único de Víctimas en Colombia le corresponde al Ministerio Público (procuradurías, defensorías y personerías), una labor independiente que la Unidad para las Víctimas ha resaltado en múltiples escenarios. En este sentido, ha venido colaborando con las entidades que lo conforman. Concretamente, la relación con los personeros ha sido cordial y de constante cooperación, puesto que conocemos la gran responsabilidad que asumen, al remitir aproximadamente el 78% de las declaraciones que se toman en el país. Muestra de ello es el último encuentro de la Unidad para las Víctimas con 150 personeros de Antioquia, quienes mostraron su excelente disposición, incluso a la hora de apoyar el proceso de notificación cuando sea necesario para acelerar dicho trámite.

 

Durante el año pasado, se recibieron alrededor de 30.000 declaraciones mensuales, cifra que aumentó durante los meses de abril y mayo de 2015, en los que se recibieron cerca de 40.000, respectivamente.

 

Aunque en ocasiones se ha utilizado la expresión “declaraciones represadas”, la Unidad para las Víctimas indica que no se trata de tales, sino de citas programadas para la recepción de declaraciones. Al analizar el promedio histórico de recepción, se observa que en algunos municipios no se superan las dos declaraciones diarias. Respetando la buena relación interinstitucional y la ya mencionada independencia de las personerías, la Unidad para las Víctimas se ha interesado por las necesidades logísticas en estos lugares, puesto que entiende que la acumulación está relacionada con el ritmo y no tanto con el número.

Los plazos para declarar

 

En cuanto a los plazos para la toma de declaración, la Unidad para las Víctimas reitera su llamado a quienes se consideren víctimas del conflicto armado interno a presentar su solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas ante el Ministerio Público y los consulados, cuando estén en el exterior.

 

Así mismo, la Unidad para las Víctimas se ha involucrado en la elaboración de posibles propuestas de ampliación de plazos, en el entendido de que el 70% de los hechos victimizantes registrados hasta la fecha ocurrieron antes de 2011 (y de estos, el desplazamiento representa un 86%) y para los hechos que sucedieron después el plazo de declaración es de dos años desde la ocurrencia del hecho, tal como se indicó anteriormente.

 

No obstante, se reconoce que no todos los hechos tienen la misma necesidad de declaración: para los temas de violencia sexual o reclutamiento forzado existe aún un gran interés de declaración por parte de las víctimas, por lo que se ha trabajado en reconstruir la confianza entre comunidades y Estado para que así pueda darse.

 

Con respecto a los connacionales víctimas en el exterior, el pasado 19 de mayo, la Unidad para las Víctimas emitió una circular para que el plazo de toma de declaración, que se lleva a cabo en los consulados de Colombia en el mundo, sea extendido por dos años con respecto a la fecha que aplicaba para las víctimas que se encuentran fuera del país.

 

Por último, la Unidad para las Víctimas reitera su compromiso con los afectados por el conflicto armado interno y el acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación establecidas por la Ley 1448 de 2011, así como su disposición a informar de la posible decisión que el Congreso tome con respecto a los plazos de declaración.

Mayo 27

Este sábado 30 de mayo en la 13: Memoria y resistencia #OperaciónMariscalNoOlvidar

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El 21 de mayo de 2002, en la Comuna 13 de Medellín, la Fuerza Pública en conjunto con paramilitares desarrollaron la Operación Mariscal, una de las más de diez operaciones de ese tipo realizadas entre 2000 y 2002 en este territorio. En Mariscal, como en todos los operativos ordenados por el Estado, la población civil fue la más afectada: 9 personas fueron asesinadas y 37 heridas.

Durante toda la mañana, las mujeres, los jóvenes, los hombres que salían a trabajar, los niños y los estudiantes quedaron en medio de las balas, resultando muchos inocentes afectados. Cuando algunos civiles auxiliaban a otro impactado por una bala, éstos también fueron alcanzados por los fusiles. Fue entonces cuando la comunidad decidió levantar un grito de NO MÁS.

Los habitantes de los barrios Nuevos Conquistadores, Villa Laura, Independencias, 20 de Julio y El Salado, portando pañuelos, banderas y sábanas blancas, salieron a las calles en medio del fuego cruzado para exigir a los grupos armados el fin del combate, en una valerosa e histórica acción de resistencia pacífica.

Este sábado 30 de mayo, conmemoramos esa fecha como un día en el que la voz de la gente se hizo escuchar con una acción no violenta, aún en medio de la fuerza de la violencia; pero también como memoria y denuncia frente a la impunidad que aún reina por la Operación Mariscal, y las demás operaciones de esos años como Fuego, ContraFuego, Antorcha y Orión, entre otras, que dejaron personas incluso desaparecidas cuyos familiares denuncian que están sepultados en la llamada Escombrera: lugar a donde llegan los restos de demoliciones y material de desecho de construcciones de Medellín. Allí día a día se cubre la verdad con escombros y toneladas de indolencia social, y sobre todo, del Estado, a quien las víctimas exigen detener la actividad comercial de escombrera en dicho lugar y exhumar los terrenos.

Los esperamos pues este sábado 30 de mayo en la Comuna 13 para que acompañen este grito de memoria y resistencia por la Operación Mariscal. Esta actividad es organizada por el Comité de Impulso de Acciones de Memoria de la Comuna 13 donde confluyen diversas iniciativas sociales y culturales. Y se realiza gracias al apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

INFORMACIÓN PARA PRENSA escribir a: accionesmemoria@gmail.com

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